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Con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de capitales y de la financiación del terrorismo, se regula la prevención y la lucha contra el fraude, con las obligaciones, actuaciones y procedimientos a seguir, para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero(u otros sectores)para el blanqueo de capitales.

Con este fin, la Ley establece como sujetos obligados a una variopinta lista de entidades: entidades bancarias, aseguradoras, sociedades de inversión, sociedades gestoras de cartera, etc.

Incluyendo además, a determinados profesionales y empresarios que se verán obligados a esta colaboración, cuando intervengan en determinadas operaciones:

  • notarios, registradores de la propiedad, procuradores,
  • auditores, contables, asesores fiscales,
  • intermediarios en la compraventa de inmuebles y promotores inmobiliarios, entre otros.

De las diferentes obligaciones de control que marca   la Ley, cabe destacar el control del movimiento de efectivo (monedas, billetes, cheques al portador), y las obligaciones de información, que usted debe conocer si se plantea utilizar como medios de pago dinero en efectivo o cheques al portador.

I.  OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN EN MOVIMIENTOS DE EFECTIVO COMO MEDIOS DE PAGO:

  • Cualquier persona (física o jurídica) que se plantee “transportar” determinado volumen de dinero por cuenta propia o de un tercero (en moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al portador, en moneda nacional o extranjera, o cualquier medio físico incluidos los electrónicos que sirva como medio de pago, a excepción de tarjetas nominativas de crédito o débito ni cheque), se va a ver obligada a realizar una declaración previa de comunicación.

Los condicionantes, son los siguientes:

  • Para salidas y entradas al territorio nacional, el importe de dichos medios de pago debe ser igual o superior a 10.000 euros (por persona y viaje).
  • Para movimientos de medios de pago dentro del territorio nacional, el importe de los medios de pago debe ser igual o superior a 100.000 euros (por persona y viaje).

Así si usted tiene previsto realizar un viaje fuera de España (aunque sea de placer), llevando dinero efectivo o cheques bancarios al portador, por importe igual o superior a 10.000 euros, debe plantearse comunicar con anterioridad a la salida, el origen y destino de dicho dinero.

Para ello, Hacienda facilita esta labor poniendo a disposición del contribuyente en su página web (www.aeat.es/ portal aduanas e impuestos especiales/ declaración de movimientos de Medios de Pago S-1), los medios para la presentación telemática del modelo S-1.

Esta declaración también puede presentarse en los Servicios Aduaneros de salida o bien (con antelación al viaje) en cualquier entidad de crédito registrada.

Igualmente, si se va a desplazar dentro de España con dinero en efectivo o cheques al portador, por un importe igual o superior a 100.000 euros, sepa que también se verá obligado a realizar la declaración de movimientos de medios de pago (formulario S-1). En este caso,     la presentación y diligenciado de la declaración se hará en las Dependencias Provinciales de Aduanas    e Impuestos Especiales o en las Administraciones de Aduanas de la Agencia Tributaria.

Están también sujetos a declaración los movimientos por importe superior a 10.000 euros de efectos negociables al portador, incluidos instrumentos monetarios como los cheques de viaje, instrumentos negociables, incluidos cheques, pagarés y órdenes de pago, ya sean extendidos al portador o endosados.

El no cumplir con la obligación de declaración, podrá implicar la intervención de los agentes aduaneros o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del total de los medios de pago hallados (se le dejará al viajero un máximo de 1.000 euros por aquello de la necesidad de continuar viaje). Procediendo además la correspondiente sanción por importe mínimo de 600 euros e importe máximo que podrá ascender hasta la mitad de la cantidad intervenida. En el caso de que se demostrase la clara intención de ocultación del dinero o no se acreditara debidamente su origen, la sanción puede llegar al 100% del valor económico del dinero encontrado.

  • Las entidades bancarias en la medida en que hayan intervenido en las operaciones de movimientos de medios de pago (recepción del modelo S-1 cumplimentado por el cliente) deben comunicar mensualmente al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales dichas operaciones
  • Los notarios en la medida en que intervengan en operaciones en las que el pago se realice (o se haya realizado con anterioridad), en moneda metálica, billetes, cheques bancarios al portador por importe igual o superior a 100.000 euros, deberán solicitar que les sea exhibida la declaración S-1 para incorporarla  al protocolo.

Si no le fuera exhibida dicha declaración de movimientos de medios de pago, deberán comunicarlo al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.

También los notarios tienen que informar a la Administración Tributaria  de  las  operaciones  en los que NO EXISTA identificación de las cuentas de cargo y abono cuando el medio de pago sea la transferencia o la domiciliación bancaria. Se entenderá identificados los medios de pago si consta en la escritura pública  los  elementos  esenciales  de  los     mismos.

Si se trata de transferencia se entenderá suficientemente identificada, aunque no se aporte los códigos de cuenta, siempre que conste el ordenante, beneficiario, fecha, importe, entidad emisora y receptora.

II. OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES BANCARIAS:

Las entidades bancarias son uno de los principales sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales, y de todas las obligaciones de comunicación a las que debe atender, hay que destacar especialmente el deber de análisis y comunicación de las operaciones que, por su naturaleza, puedan estar particularmente vinculadas al blanqueo de    capitales.

En la práctica, son de destacar los siguientes controles de información que realizan las entidades bancarias:

Exigir la identificación de la persona (con nombre y otros datos personales) cuando ésta:

  • Quiera “transportar” fuera de las fronteras dinero en efectivo o cheques bancarios al portador por importe igual o superior a 10.000 euros.
  • Entrega dinero en efectivo para abrir depósitos    y cuentas u ordena el pago de cheques bancarios o realizar transferencias,
  • Quiere cobrar en efectivo cheques de importe superior a 3.000 euros, (cualquier tipo de cheque, incluido el cheque al portador), o cobrar en efectivo cheques bancarios.

En cualquier caso, las entidades están obligadas a exigir a sus clientes que se identifiquen cuando la operación en efectivo supera los 3.000 euros o, en operaciones inferiores, cuando la entidad considere que haya indicios de blanqueo de capitales o se aprecie intención de realizar la operación en varias operaciones menores (fraccionamiento) para evitar la identificación, así como en el caso de cobros y pagos entre residentes y no residentes efectuados en billetes de banco o cheques bancarios al portador, por importe superior a 6.010,12 euros.

Comunicar mensualmente al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales:

Las operaciones que lleven aparejado movimiento físico de moneda, billetes, cheques de viaje, cheques (u otros documentos) al portador librados por entidades de crédito, (con excepción de las que sean objeto de abono o cargo en la cuenta de un cliente), por importe superior a 30.000 euros (o su contravalor en moneda extranjera).

Comunicar anualmente a la Administración tributaria la información relativa a los cheques

  • Que libren contra entrega en efectivo, bienes, valores u otros cheques (salvo que estén librados contra una cuenta bancaria) o,
  • Que abonen en efectivo (y no en cuenta bancaria) por importe superior a 3.000 euros o,
  • Que hubiesen sido emitidos por una entidad de crédito (o habiendo sido librados por personas distintas)    tengan un  valor facial superior  a 3.000 euros. Los datos a cumplimentar en la  referida    declaración    anual    son    los    siguientes:
  1. Nombre y apellidos o razón social y NIF de   los tomadores (o personas que presenten al cobro  los  cheques  objeto  de  ser   declarados).
  2. Número de serie y cuantía del cheque con indicación separada de cuáles son librados por la entidad bancaria y cuáles abonados por la misma.

Distinguiendo además cuáles son emitidos por otras entidades de crédito y los librados por personas distintas de cuantía superior a 3.000 euros.

Presentar anualmente ante la Administración tributaria las siguientes declaraciones informativas:

  • Declaración sobre las imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento, que se realicen en EFECTIVO (moneda metálica o billetes de banco) cuando su importe sea superior     a 3.000 euros. La Administración tributaria conoce, entre otros, el importe y  tipo de operación, su fecha,  la identificación de quien realiza la operación y el nº  de cuenta en la que se efectúan los correspondientes cargos o abonos.
  • Declaración (modelo 171) de los saldos por importe superior a 6.000 euros, existentes a 31 de diciembre, de los créditos y préstamos por ellas concedidos en la que se incluirá el nombre y apellido o razón social y el número de identificación fiscal del prestatario.
  • Declaración (modelo 170) de las operaciones realizadas por los empresarios y  profesionales  que operan con gestión de cobros a través de tarjetas de crédito o débito cuando el importe neto anual de los mencionados cobros supere los 3.000 euros. La Administración tributaria conocerá, entre otros, la identificación completa de los empresarios o profesionales, el número de comercio con el que éstos operan en el sistema, el importe anual facturado y la identificación de las cuentas a través de las que se efectúen los cobros.

Por ejemplo: Si en el sector del comercio minorista de venta de calzado, el porcentaje de cobros con tarjeta es del 60%  y Hacienda sabe que la empresa ha obtenido 600.000 euros de cobros por tarjeta en 2015, Hacienda esperará que las ventas totales de esa empresa sean de 1.000.000 euros (ya que el 40% restante deberán ser ingresos por cobros en metálico).

III. OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL MODELO 347 DE COBROS EN EFECTIVO:

Las empresas están obligadas a suministrar mayor información a través de la declaración de operaciones con terceras personas (modelo 347), los importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico de cada una de las personas o entidades relacionadas en la declaración. Es decir, además de declarar al cliente con el que se ha superado la cifra  de facturación de 3.005,06 euros anuales; si se ha cobrado de dicho cliente en metálico (por importe superior a 6.000 euros), se tendrá que indicar esta circunstancia de manera expresa.

IV.  UTILIZACIÓN DE BILLETES DE ALTA DENOMINACIÓN:

El Plan General de Control Tributario para el año 2016, recoge, como ya viene siendo habitual,  que:

La Administración   Tributaria   tiene   claro    que debe continuar con el control de operaciones de efectivo independientemente del valor facial del billete utilizado (extendiendo así por ejemplo sus investigaciones a aquellas operaciones en las que se ha utilizado un número importante de billetes de 500 y 200 euros).

En 2016 se mantendrán las intervenciones realizadas mediante personación en las sedes donde se ejerce la actividad económica de los obligados tributarios. Y en especial, en sectores que son intensivos en el manejo de efectivo por sus ventas directas a consumidores finales o bien por formar parte de cadenas de distribución al por mayor con venta al público o bien por ser susceptibles de utilizar software de doble uso. En definitiva, en sectores que son intensivos en el manejo de dinero en efectivo.

Además de las actuaciones dirigidas a la verificación del cumplimiento de la limitación de pagos en efectivo.

V. LIMITACIONES  A  LOS  PAGOS  EN  EFECTIVO:

Desde el 19 de noviembre de 2012 no se pueden pagar en efectivo operaciones en las que al menos una de las partes intervinientes actúe como empresario o profesional, en cuantía igual o superior a 2.500 euros. Esta cantidad  se  eleva  a  15.000  euros  en el caso de que el pagador sea persona física no residente en España y actúe en calidad de  particular.

Por tanto esta limitación de pago en efectivo no afecta a operaciones entre particulares (ejemplo: compra de un coche de particular a particular), ni a los pagos e ingresos realizados en una entidad bancaria (ejemplo: realizar ingreso en efectivo en una cuenta     bancaria).

IMPORTANTE: En caso de fraccionamiento del pago de la operación se sumarán todos los importes parciales realizados para determinar si se alcanza o no la cifra de los 2.500 euros.

Además, se exige como obligación formal el conservar los justificantes de pago durante un plazo de cinco años desde la fecha del pago, para acreditar que se  ha efectuado el pago de la operación por medios de pago distintos al efectivo. Debiendo tener a disposición de Hacienda dichos justificantes en caso de los requiera. Esta obligación de conservar los justificantes de pago, afecta  a  las  dos  partes  intervinientes  de  la operación (el comprador y el vendedor), con independencia  de  que  sea  empresario  o  particular.

HACIENDA ya no sólo pone todos  sus medios para investigar los movimientos en efectivo, sino también los movimientos de las cuentas bancarias, identificación de las transferencias, identificación de los pagos y cobros con tarjetas de crédito y  débito.

Se establecen así mismo en la norma las infracciones y  sanciones  por  incumplimiento  en  esta  medida  de limitación de  pago  en  efectivo,  consistentes  en  el 25% del importe en efectivo pagado por importe igual o superior a 2.500 euros (15.000 euros si procede). Respondiendo, tanto el pagador con el receptor de forma solidaria de la infracción cometida  y  en  consecuencia  de  la  sanción  que  se  imponga.

Eximiendo de responsabilidad por infracción al participante de la operación que denuncie la misma ante la Agencia Tributaria dentro del plazo de tres meses siguientes al pago, identificando a la otra parte.

Lo que está claro es que, se mire por donde se mire,  el control de movimientos de dinero en efectivo  es cada vez mayor, no sólo en su regulación legal, sino  en la aplicación de la normativa en la práctica, con una finalidad clara, que no es más que la lucha contra el fraude fiscal.

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