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En materia de responsabilidad de administradores, junto a la regulación dada ya desde la propia redacción original de Ley de Sociedades de Capital (LSC), de 2010, se han introducido importantes novedades con la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para la mejora del Gobierno Corporativo, y que tiene por objeto modernizar y mejorar el gobierno de las sociedades de capital, acrecentando el control sobre las actuaciones de los miembros del Consejo de Administración.

De este modo, podemos exponer la responsabilidad de los administradores, de una forma concisa, según el criterio de la normativa, anterior o posterior a la ley 31/2014. Así pues, tenemos:

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I. Anterior a la Ley 31/2014 – Respponsabilidad cuasi objetiva

El supuesto de hecho sería disolución de la sociedad por causas legales o estatutarias. La Ley de Sociedades de Capital establece como causa legal de disolución una serie de supuestos (cese de la actividad por periodo superior a un año, por la conclusión de la empresa que constituya su objeto, por imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social, o por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento, etc.), pero entre ellos destaca el de las pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso. Es el caso denominado de desequilibrio patrimonial.

En estos supuestos, los administradores deberán convocar la junta general en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución o, si la sociedad fuera insolvente, ésta inste el concurso.

Las dudas tienen lugar sobre si el plazo de los dos meses comienza desde que concluye el plazo para formular cuentas (obligación que implica el ineludible conocimiento de las cuentas anuales) o desde que el administrador supo la causa o la circunstancia del desequilibrio, cualquiera que fuera tal momento. Doctrina y jurisprudencia no son absolutamente concluyentes al respecto, pero parece primar la tesis de que debe iniciarse el cómputo tan pronto se conozca tal situación, sin esperar a formular las cuentas anuales del ejercicio en el que acaece tal desequilibrio.

Si la junta no fuera convocada, no se celebrara, o no adoptara alguno de los acuerdos previstos, los administradores no pueden aquietarse, sino que están obligados a solicitar la disolución judicial de la sociedad. Y esto arroja un nuevo plazo, de otros dos meses, a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o no se hubiera adoptado.

¿Y si tampoco hace nada? Responsabilidad de los administradores

Los administradores que incumplan la obligación de convocar la junta general en el plazo de dos meses para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, o que no soliciten la disolución judicial o el concurso de la sociedad, en el plazo de otros dos meses, responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución.

La defensa de los administradores ante esta responsabilidad estriba en probar que la obligación que se reclama (a ellos junto a la sociedad) es anterior a la causa de disolución o que han hecho todo lo conducente y a su alcance para evitarla, salvando la posibilidad de que su conducta se califique como de negligente.

Desde la Ley 31/2014 – Cambios Introducidos

Esta ley ha introducido cambios muy importantes, en lo relativo al régimen de responsabilidad, que son los siguientes, y ello sin perjuicio de mantener la responsabilidad cuasi objetiva en los términos antes expuestos.

  • Se resaltan los deberes de diligencia y de lealtaden las tareas encomendadas a cada Administrador, extendiendo este deber también a los Administradores de hecho.
  • Se atribuye al Consejo de Administración y a sus miembros unas facultades indelegables sobre todas las decisiones que deben adoptar en materia de gestión, supervisión y control de riesgos. Estas responsabilidades y una serie de medidas de información y transparencia se extienden también a los altos cargos de la empresa (Directivos).
  • Se modifica el régimen de responsabilidad de los administradores al extender su ámbito de aplicación subjetivo: los Administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la Ley o a los Estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa, no exonerándole de responsabilidad el hecho de que el acto o acuerdo perjudicial para la sociedad haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la Junta General, y estableciendo la presunción de la existencia de culpa en aquellos casos en que el administrador haya actuado de forma contraria a la ley o a los estatutos sociales.
  • Pero ahora este régimen se extiende también no sólo a los Administradores de hecho (administradores ocultos), sino también a las personas que ostenten la Alta Dirección de la sociedad, en los casos en los que no se haya nombrado un Consejero Delegado.
  • Esta norma legal también trata el supuesto del Administrador persona jurídica, y establece que la persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador persona jurídica, estará sometida a los mismos deberes y será responsable, solidariamente, junto con la persona jurídica administradora a la que representa.

Pero de entre todos los cambios, tal vez uno de los más destacados sea el de la prescripción de las acciones, social e individual, de responsabilidad contra los miembros del órgano de administración.

La Ley introduce un nuevo precepto, el artículo 241 bis LSC, que establece que la acción de responsabilidad contra los administradores, ya sea social o individual, prescribirá a los cuatro años a contar “desde el día en que hubiera podido ejercitarse”.

Ahí radica su especial relevancia. El periodo de cuatro años ya estaba recogido en la legislación española y, según el Código de Comercio, empezaba a contar desde el momento del cese en el cargo del administrador que cometía una irregularidad. Con la nueva redacción, el plazo de cuatro años empieza a contar “desde el día en que la acción de responsabilidad hubiera podido ejercitarse”, es decir, desde que se tiene conocimiento de los hechos que permiten fundamentarla. No desde el cese.

Por tanto, da igual cuántos años hayan pasado desde que el administrador cometió alguna irregularidad, porque lo importante está en saber cuándo los accionistas pudieron tener acceso a las pruebas para demostrar el hecho.

FUENTE: Newsletter 47/Diciembre 2015

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