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Bolivia

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La crisis económica en España hizo que varias constructoras Españolas enfoquen su atención a países de América Latina como Bolivia, donde es cada vez más frecuente que empresas españolas se adjudiquen millonarios proyectos estatales de carreteras, hospitales e infraestructuras para el área energética.

En el último año por lo menos una decena de empresas de España se han interesado en las licitaciones de los diversos proyectos que encara Bolivia, necesitada de experimentados constructores e ingenieros para obras clave, algunas de importancia internacional por su tamaño.

Como ejemplo solo en lo que va de septiembre cinco compañías Españolas han sido contratadas por el Estado boliviano.

El caso más reciente fue el de la española Rubau, contratada el viernes para construir una carretera de casi 41 kilómetros por un monto cercano a los 59 millones de dólares en la región de Santa Cruz (este). Dos días antes, Contratas Iglesias firmó un contrato para edificar un aeropuerto con características internacionales también en Santa Cruz por 28,8 millones de dólares.

La española Joca fue contratada el pasado sábado 12 para el diseño e instalación del primer tren eléctrico urbano de Bolivia en la región de Cochabamba (centro), por 537 millones de dólares.

A principios de septiembre, la estatal Empresa Nacional de Electricidad contrató, por separado, a la Asociación Accidental Maud y a Ingeniería y Proyectos (Inypsa) para que realicen estudios por 5,3 millones de dólares para dos proyectos eléctricos.

Antes, Eptisa Servicios de Ingeniería se adjudicó una licitación para diseñar el proyecto hidroeléctrico Rositas, que será la mayor central de su tipo en Bolivia y estará en Santa Cruz.

Pero, ¿a qué se debe ese interés en el mercado boliviano? El presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Bolivia, Ildefonso Núñez López, opinó, en declaraciones a Efe, que ante las “pocas posibilidades” que había en España por la crisis, muchas constructoras pusieron los ojos en Latinoamérica. “Primero han llegado a Perú, a Chile, Colombia, Ecuador, luego ya estando en esos países se enteraron de Bolivia”, dijo Núñez.

Según el empresario, es cierto que las expropiaciones fueron un “impedimento” para la llegada de compañías españolas, pero en los últimos tiempos se vio “un cambio de actitud” por parte de las autoridades bolivianas, que empezaron a difundir “una serie de mensajes más positivos para las empresas extranjeras”.

Al mismo tiempo, para estas firmas han resultado atrayentes los datos de crecimiento y estabilidad económica de Bolivia, más la difusión de planes de desarrollo del Gobierno hacia el año 2025.

En abril de 2014, durante una visita a Praga, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, destacó la importancia de las empresas españolas en la modernización de la economía del país andino, sobre todo en infraestructuras y el sector petrolero.

Las obras de infraestructura energética buscan aumentar el valor del gas y que el país dé un salto a la producción y la exportación de electricidad a mercados vecinos, en la perspectiva de convertir a Bolivia en el “corazón energético” del Cono Sur.

En agosto pasado, la española Técnicas Reunidas (TR) entregó la planta Gran Chaco, la mayor procesadora boliviana de hidrocarburos, que costó 688 millones de dólares y es una de las más grandes de Suramérica.

La industria, situada cerca de la frontera con territorio argentino, permitirá exportar en cisternas gas licuado de petróleo a Paraguay, Perú, Argentina, Brasil e incluso Uruguay.

En el último tiempo, la firma española Isotron instaló una planta solar en una ciudad amazónica, el Grupo CorsánCorviam se adjudicó la construcción de una hidroeléctrica en La Paz y también construyó un tramo de la primera doble vía boliviana, que une esa región con la ciudad de Oruro (oeste).

Si bien es previsible que continúe la llegada de constructoras españolas, Núñez expresó su deseo de que no vengan solo para hacer proyectos “con fecha de inicio y de vencimiento”, sino que se planteen establecer sucursales en el país.

Para ello, consideró importante superar los factores “que todavía retraen a las empresas” de instalarse en Bolivia, como las medidas gubernamentales unilaterales de incrementos salariales, y mejorar más aún la seguridad jurídica para inversionistas extranjeros.

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