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El fenómeno mundial de las Redes Sociales nos obliga a abordar su problemática jurídica y a plantearnos otras cuestiones de relevancia relativa a los datos, tratamiento y uso de los mismos en las Redes Sociales On Line.

Las Redes son formas de interacción social entre personas, grupos e instituciones en un sistema abierto y que involucra a sujetos con iguales necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos.

Las llamadas redes sociales online consisten en servicios prestados a través de Internet que permiten a los usuarios generar un perfil público, en el que plasmar datos personales e información de uno mismo, disponiendo de herramientas que permiten interactuar con el resto de usuarios afines o no al perfil publicado.

El modelo de crecimiento de estas plataformas se basa fundamentalmente en un proceso viral, en el que un número inicial de participantes mediante el envío de invitaciones a través de correos a sus conocidos, ofrece la posibilidad de unirse al sitio web.

I.- Adhesión al contrato

Con independencia de su clase u origen, muy diverso, de las redes sociales, una de las cuestiones más controvertidas es la del nacimiento jurídico de los Servicios de Redes Sociales. Es el contrato por adhesión online.

Si se analiza la relación jurídica obligacional que surge de la prestación del servicio entre la empresa titular del sitio web y el usuario, estaríamos claramente ante un contrato por adhesión, entendido éste como un contrato cuyo contenido ha sido determinado por uno solo de los contratantes, al que se deberá adherir quien desee formalizar la relación jurídica.

Sus cláusulas están dispuestas por uno solo de los futuros contratantes de manera que el otro no puede modificarlos o hacer otra cosa que aceptarlas o rechazarlas. No hay intercambio de pareceres, sólo aceptación sin debate.

El usuario, al realizar el proceso de registro en cualquier sitio web que preste este tipo de servicios, debe obligatoriamente aceptar y prestar conformidad a los términos y condiciones del sitio y políticas de privacidad impuestas unilateralmente.

En este orden, la naturaleza jurídica del contrato que rige la relación, llamados comúnmente “Términos de Uso” (Terms of Service), “Términos y condiciones”, Políticas de Privacidad (Privacy Policy), es la de un contrato por adhesión.

Una de las problemáticas jurídicas que se plantea de acuerdo a la naturaleza jurídica de estos contratos en Internet, lo es en torno al verdadero consentimiento informado del usuario al aceptar las cláusulas en el momento del registro, ya que la mayoría de los usuarios no suelen leer detenidamente los términos y condiciones del sitio web.

II.- Consentimiento del usuario

¿Qué información es la necesaria para que el usuario tenga debido consentimiento informado al manifestar su voluntad? . Una de las formas más utilizadas es incluir las condiciones generales de contratación en el mismo proceso de registro, de manera tal que sea ineludible su exposición clara al usuario para su lectura y conformidad, necesitando llegar hasta el final del sitio web para que aparezca la casilla de ¨acepto¨ o ¨estoy de acuerdo¨, y poder proseguir en el siguiente paso en el registro.

La segunda cuestión central se plantea en cuanto la jurisdicción pactada en los términos y condiciones del sitio web, que generalmente radican en países extranjeros, lo que puede resultar inaccesible para el contratante-usuario, que por lo general ni se plantea litigar ante una jurisdicción lejana, distinta de la natural, y que le disuade de cualquier pretensión de reclamación.

Otras cuestiones debatidas en las redes sociales son la propiedad intelectual (pues si bien no se admite la difusión de contenidos de propiedad intelectual sin la autorización de los autores, hay redes sociales, cuyas condiciones de uso ya suponen otorgar tales permisos), o la edad legal de acceso (aunque la edad requerida para poder acceder a algunas redes es de 14 años, puede comprobarse que es el usuario el que dice la edad que tiene, como único mecanismo de validación de edad). Pero realmente el caballo de batalla lo constituyen los datos personales.

III.- Derecho a la intimidad vs derecho a la información

Es evidente que el acceso a una red social implica compartir datos personales, pero debemos tener en cuenta que al aceptar las condiciones del servicio estamos dando permiso a la red a almacenarlos. El problema que surge no es tanto legal como de correcta gestión de la privacidad personal, sobre todo cuando se permite (no se pide, por supuesto, pero se permite) indicar los datos y explicitar la creencia religiosa y la ideología política, por ejemplo.

La importancia de los datos no es sólo objetiva, sino que, desde lo más íntimo, configuran (en términos de Red podríamos decir que integran en verdadero “perfil” de la persona) la vida privada, el honor y el derecho a la propia imagen.

La publicación de fotografías o datos de terceros, que o bien atentan a la dignidad de esa otra persona, o simplemente no le gustan, conllevan que tales fotos o datos deban ser retirados y si no lo hace el usuario, deberá hacerlo la propia red, permitiendo denunciar contenidos inapropiados.

Esta publicación de imágenes o vejaciones a través de las redes sociales es uno de los principales métodos de acoso o ciberbullying. Ante ello, algunas redes sociales permiten “gestionar” la relación de terceras personas con el acosador, por medio de opciones como denunciar el contenido inapropiado o eliminar a los acosadores de nuestros contactos (“Borrar, Bloquear o Denunciar contacto”).

Pero no es el acoso el único delito informático, al existir otras conductas sancionables como pornografía infantil, desvío de comunicación electrónica, captación de comunicaciones o acceso datos personales, fraude informático, etc.

Como punto común a la mayoría de todos ellos, está la vulneración al derecho a la privacidadpersonal. En la actualidad, no falta quien habla de la extimidad como término usado como contraposición a la intimidad, y la divulgación, muchas veces voluntaria, de una mayor información de uno mismo (creación de perfiles) dentro de las redes.

No obstante, la cuestión no es el crecimiento de la extimidad sino, de nuevo, la gestión de toda esa información, pues es el usuario quien debe decidir y tener el control de su privacidad. El problema radica en que hay intereses contrapuestos entre los usuarios y las redes sociales. Mientras que el usuario quiere controlar su privacidad, las redes sociales prefieren lo contrario. A menos control sobre la privacidad, más datos se mueven en la red aumentando el tráfico dentro de ella y, por consiguiente, la publicidad.

IV.- Derecho al olvido

En esta misma línea, uno de los problemas relacionados con la Identidad Digital es el de la información personal (filiación, fecha de nacimiento, documentos de identidad, teléfono, correo electrónico, fotos, vídeos…) que, como datos personales están amparados por los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, reconocidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que nos otorga pleno poder sobre ellos. Otra cosa es que tales datos hayan sido publicados por terceros, perdiendo el control sobre ellos, y también que puedan entrar en conflicto con otros intereses o derechos, como el principio de publicidad o la libertad de información.

Ante esta problemática surge el derecho de la persona a “desaparecer de la red”, el derecho al olvido.

Es un tema que exige regular qué datos se pueden publicar y cuáles eliminar. Se enfrentan dos derechos, el derecho a la información y el derecho a la privacidad. Derecho a la información o simple censura, lo cierto es que está en juego la intimidad de la persona y la extensión y límites que sobre ese derecho las redes sociales nos permitan establecer y defender.

 

Fuente: Newsletter Nº 44

 

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